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De la desaparición forzada y el terrorismo de Estado

Durante los días del 25 al 30 de mayo se conmemoró la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. En Colombia, el objetivo de esta semana es el de luchar contra la impunidad y el ocultamiento de estos crímenes así como exigir al Estado que asuma su responsabilidad y que responda por la vida de las miles de personas desaparecidas que ya se suman en el país.

 

 

Un poco de historia

 

 

La semana del detenido desaparecido tiene lugar desde el año 1987 tras un encuentro de víctimas de desaparición forzada en Argentina.

 

 

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que se ha asociado históricamente con el continente latinoamericano, pues fue aquí donde éste se tipificó tras identificar que durante las dictaduras del cono sur, no sólo se asesinó a un sinnúmero de personas, sino que se hizo sistemática la práctica de desaparecer y borrar por completo el rastro de personas por parte del Estado. 

 

Esto significaba borrar los registros de nacimiento, cualquier forma de identificación, los registros que quedaran en cualquier institución como hospitales, escuelas y universidades e incluso apoderarse y eliminar también registros fotográficos y documentos privados de las familias de las personas que eran desaparecidas. 

 

 

Ya que el único aparato capaz de llevar a cabo la desaparición a ese nivel es, sin duda alguna, el Estado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) no sólo reconoció y definió la desaparición forzada sino que la identificó como un crimen de Estado por excelencia. 

 

 

En Colombia, la desaparición forzada no ha tenido exactamente las mismas características que las descritas para el caso de las dictaduras de países como Chile y Argentina, pero sí se ha tratado de una práctica que empezó a hacerse sistemática y que aumentó exacerbadamente en la década del 70 cuando se declararon estados de sitio constantes  y se le asignó a los militares facultades para el juzgamiento de civiles.

 

 

Esto nos permite establecer una relación inmediata entre el Estado y el fenómeno de la desaparición forzada, en tanto que, es precisamente cuando el Estado asume más poderes sobre la sociedad civil que los abusos de autoridad, los asesinatos y las desapariciones aumentan. 

 

 

No es de extrañar entonces que durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las cifras de desapariciones ascendieran  a más de 18.000 (casi la mitad de la totalidad de víctimas que se cuentan hoy en Colombia), y que la desaparición forzada de mujeres aumentara en un 500%. 

 

 

En el año 2000 se expidió la ley 589 que tipificaba la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura, en donde -a diferencia de del DIDH-, ya no es sólo el Estado sino entes particulares quienes pueden considerarse responsables de la desaparición forzada. Ampliar esa responsabilidad permitiría al mismo tiempo, (1) que los actores armados al margen de la ley fueran responsabilizados por la desaparición forzada (2) despojar parcialmente al Estado de su responsabilidad frente a este crimen, aunque no se excluye que éste sigue siendo quien debe investigar y sancionar a los responsables.

 

 

Y en la práctica ¿qué es lo que ha pasado en Colombia?

 

 

Que las víctimas de este crimen son ya más de 45.000, que las amenazas, las persecuciones, los asesinatos son continuos y ocurren en un contexto de plena impunidad.  

 

¿Por qué se sigue tratando de leer la responsabilidad frente a estos crímenes en términos de unas fuerzas malignas y aparentemente desconocidas? 

 

 

“Existe suficiente evidencia que da cuenta de que históricamente el estado colombiano es el responsable de más del 80% de los crímenes cometidos en medio de la violencia política y la confrontación armada, por su accionar individual y conjunto con grupos paramilitares.  Actos que por su sistematicidad, intencionalidad y gravedad constituyen verdaderos crímenes de lesa humanidad y se concretan en homicidios selectivos y colectivos, torturas, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y desapariciones forzadas, actos cometidos con el propósito primordial de perseguir a los opositores políticos, los simples resistentes y a las personas que desde diferentes organizaciones de la sociedad civil se dedican a la defensa legal y constitucional de sus derechos”.

 

 

Esto es muy importante, en tanto recientemente hemos visto cómo en el país se está dando un aumento de las amenazas dirigidas contra líderes sociales, estudiantes, campesinxs, trabajadorxs, mujeres, jóvenes… y también hemos tenido que lamentar la muerte de muchas personas en extrañas circunstancias. 

 

Un doloroso ejemplo es el de los llamados “falsos positivos”, o la desaparición en Bogotá y el posterior asesinato del líder social del Congreso de los Pueblos, Carlos Alberto Pedraza. 

 

 

Hoy, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia son también víctimas de señalamientos y amenazas que han incrementado de manera preocupante tras las movilizaciones y denuncias en contra de la destitución del profesor de la Facultad de Sociología, Miguel Ángel Beltrán y, recientemente, con la organización estudiantil por la defensa de la democracia universitaria, la educación pública y la academia crítica. 

 

 

En la última amenaza firmada por el bloque capital de las águilas negras, se hacen referencias precisamente al caso de Miguel Ángel Beltrán y al hecho de que habrían logrado callarlo pero también se refieren al actual rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, en términos de “nuestro rector”, cuando se trata de un rector impuesto por el Consejo Superior Universitario, integrado en su mayoría por representantes del Gobierno Nacional y que es encabezado por la Ministra de Educación Gina Parody.

 

 

¿De dónde provienen entonces estas amenazas? ¿Cuáles son las garantías que ofrece el Estado frente a este tipo de situaciones?

 

 

A propósito de la semana del detenido desaparecido y de la necesaria construcción de paz que nos convoca como parte del movimiento social, hacemos un llamado a que se haga justicia frente a la persecución y estigmatización de todos aquellos y aquellas que se oponen al statu quo, que se revisen y modifiquen todas las normas, procedimientos y medidas legales y administrativas que impiden el ejercicio de la justicia; pero más aún, creemos que es necesario un cambio radical en las acciones de un Estado corrupto que desempeña un papel activo en la persecución, las amenazas, la muerte y desaparición de miles de personas.

 

Queremos que se nos permita tener una vida digna sin restricciones arbitrarias a nuestra libertad, sin que se nos amenace, desaparezca o asesine.

 

 

Asimismo, creemos que es necesario que se investigue activamente la relación entre el Estado y los fenómenos de la desaparición, las persecuciones y los asesinatos sistemáticos en contra de todos los sectores que nos oponemos a las políticas militaristas, privatizadoras, cómplices del despojo, devastadoras del ambiente y asesinas que imperan en nuestro país. 

 

 

Como Congreso de los Pueblos, creemos que la construcción de paz, entre otras cosas, pasa por el acceso a la justicia, por las garantías para el ejercicio de la oposición política y la expresión de nuestras ideas.  

Nos parece muy limitada una paz que no reconozca los planteamientos que hacemos desde los sectores populares y desde el movimiento social y para poder ampliar nuestras voces, proponemos la instalación de una Mesa Social de Diálogo, así como apoyamos el reciente acuerdo de conformar una comisión de la verdad una vez culminen los Diálogos de Paz de La Habana.

 

Por eso, nos movilizamos de manera permanente por nuestra memoria y por la realización de una paz con cambios para la vida digna de todos y todas.

 

 

 

 

 

 

 

  • Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH-, (2008), “La desaparición forzada de personas en Colombia. Cartilla para Víctimas”. 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la semana del Detenido-Desaparecido.

 

CILEP.

2015- CILEP

 

Tejido Juvenil Nacional Transformando la Sociedad - TEJUNTAS

Congreso de los Pueblos

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