#QuejatonAnteCorte.
CILEP
Los problemas de la Justicia en Colombia se arreglan con una renuncia.
La justicia en Colombia, en teoría, es para lxs colombianxs. Pero las instituciones aquí no se han caracterizado, durante una historia republicana que suma ya casi dos siglos, por estar del lado de quienes se supone son el fundamento básico de su existencia: justamente lxs colombianxs. Al menos no en un sentido lo suficientemente amplio y con un contenido lo suficientemente democrático.
Podría aducirse que la oligarquía y las élites políticas y económicas de nuestro país también son, por nacer acá, colombianxs. Si esa es la razón, en efecto lo son. Cabe preguntarse, pese a ello, si el beneficio es efectivo siendo sólo para una minoría. Si la idea de pertenecer a una comunidad y definirse parte de ella puede, además, sostenerse junto con el hecho evidente de vivir a costa del sacrificio del bien de la absoluta mayoría.
Dentro de nuestra historia de malos funcionamientos institucionales, sin embargo, han existido algunas esperanzas puestas en el equilibrio que, según ciertas coyunturas, podían proveer algunas instancias específicas del sistema judicial. Y dentro de esas instancias ocasionalmente equilibradas, posiblemente una de las menos desequilibradas era la Corte Constitucional.
Sin embargo, los días que nos preceden denuncian lo contrario: señalan que los magistrados están de manera sistemática dados a beneficiar a algunos poderosos a cambio de prebendas. Que esos mismos magistrados, siendo parte del grupo de los poderosos, también están tapados hasta el cuello de crímenes de profunda gravedad. La denuncia es sistemática porque no trata de Pretelt solamente. Todo esto se relaciona con el sistema judicial en su conjunto y, de manera más amplia, de todas las instituciones colombianas. De esta sistemática pudrición brotan, entre otras cosas, fenómenos costosos para este país como el de la impunidad.
Bien se ha dicho ya: Pretelt es una rata lanzando mordiscos después de verse acorralada. Pero si dentro de todos los errores éticos y de astucia que pueden endilgarse a Pretelt quisiéramos hallar alguna cosa cierta, de seguro sería aquella afirmación suelta según la cual “los problemas de la Justicia Colombiana no se arreglan con una renuncia”.
Todo lo demás corresponde a justificaciones desesperadamente cargadas de maniobras legales pobres y de errores políticos colosales. Contra toda evidencia que lo culpabiliza (y a su familia también), Pretelt exige le sea aplicada la presunción de la inocencia que en realidad pertenece a quienes diariamente condenan por tener una Ruana y no un poderoso título nobiliario. Pretelt no es inocente: sus jugosas prebendas, sus fincas en Antioquia y en Córdoba y su apellido manchado de sangre lo señalan como culpable. Pese a ello, él insiste (como insistió intensamente en un número desproporcionado de tutelas para tratar en la alta corte, dentro de las que se hayan personajes a favorecer como Lafaurie y varios grandes emporios empresariales)1 que detrás suyo hay una persecución inmisericorde. ¿Quiénes lo persiguen? Los mismos enemigos de Uribe.
Los argumentos de su defensa no tienen que ver entonces sólo con la apelación a sus “derechos fundamentales”. El hoy presidente de la Corte Constitucional se ha escudado también en los argumentos políticos que como fiel seguidor de Uribe lo definen con respecto al Santismo. La polvareda levantada por Preteld, de hecho, se cricunscribe de manera muy clara en el tira y afloje de Santos y Uribe, en donde ninguno pierde oportunidad alguna para echarle agua sucia al otro. Pretelt no es sólo cuota del conservatismo sino de hecho del Uribismo en la corte y es en esta confrontación en donde debe ser situado su escándalo. Es así como durante estos días le hemos escuchado máximas como la de que "el fiscal no logró convencerme de que guerrilleros en La Habana no pagaran un solo día de cárcel", o “Montealegre quiere que yo renuncie para tomarse la Corte Constitucional (…) No hay derecho que hoy llame a mi esposa por un delito de lesa humanidad”2.
Lo otro que interesa aquí es el hecho de que aunque Pretelt quiere cínicamente acabar sus ocho años en la corte, su actitud corresponde a una tendencia que se hace posible gracias a que la justicia en Colombia funciona de una manera sistemáticamente corrupta y funciona, principalmente, para tapar los crímenes de los más grandes y poderosos criminales del país. Para la muestra un gran botón: ¿Por qué después de las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda y la entrega de la ex directora del DAS Maria del Pilar Hurtado, quienes han hablado mucho más de lo que lo evidente requiere, Uribe, Zuluaga y su cola de matones siguen impunes moviéndose en la “legalidad”?
El problema va mucho más allá de la simple renuncia del magistrado. En el fondo, tal vez los cargos de conciencia fallen de manera inconsciente en su cabeza cuando él afirma que "si los problemas de la justicia se solucionan con la salida de Pretelt, ahí tienen mi renuncia". No se trata de una simple afección esporádica al cuerpo institucional de este país. Se trata de reconocer que vivimos con unas instituciones de fondo podridas y en función de los grandes negocios de sus altos funcionarios. Y que cuando hay fracturas políticas por lo alto, aflora el juego de las acusaciones mutuas y la decapitación de mandos medios. A Montealegre, de hecho, también le caben varias preguntas sobre su gestión y sus silencios respecto a lo que sabe no sólo de Pretelt sino de buena parte de las figuras visibles de la función pública y de los cargos políticos.
Y se trata de reconocer que vivimos enfrascados en esta olla podrida no para otra cosa que para asumir que tenemos el deber de ver surgir y crecer nuevas caras que integren toda una nueva clase política que le de vitalidad a las instituciones. Esas nuevas caras deben salir del pueblo mismo y deben ser las nuestras, construidas desde abajo y pensadas desde abajo. Las instituciones, ya lo decíamos, son de lxs colombianxs y para lxs colombianos. El ejercicio de la participación democrática masiva y determinante desde la movilización y los territorios, junto con las formas de organización popular y las demandas de la gente convertidas en acciones decisorias por el trabajo político de la misma gente, deben entonces arrojar aquella nueva fuerza revitalizante de los espacios políticos en el país.
¿Se trata entonces de una renuncia? Tal vez, pero de una muy particular: la única renuncia que haría posible la solución a los problemas de la Justicia, de las instituciones y de los males del país en general no es la de Pretelt. La renuncia a la cual debemos acudir es la renuncia al miedo o al desencanto de la movilización en las calles y de la construcción de poder alternativo desde nuestra potencia popular. Es necesario reactivar los días de movilización en las ciudades. Es necesario manifestar nuestra indignación colectiva hacia el mal funcionamiento de los lugares desde los cuales deciden sobre nuestra vida en común. Y es necesaria también la solidaridad respecto a quienes están combatiendo por su territorio en otros lugares del país, como los Nasa en los valles caucanos.
Salgamos a quejarnos contra esa justicia puesta al servicio de figuras detestables como la de Pretelt, como la de Uribe y la de una poderosa minoría que vive a costa del sacrificio de nuestro bien común.
Este 25 de Marzo a las 5pm salgamos a la Calle 12 con Cra. 7 a hacer escuchar nuestra voz.
#QuejatonAnteCorte
#PazSonCambios
