Pugnas por la seguridad y la doctrina militar
Tres hechos jurídicos y uno político señalaron durante la semana pasada los términos de una batalla que se viene librando por el lugar de lo militar y la concepción de seguridad en un país que se dispone a “tiempos de Paz”. Esta batalla nos arroja a un duro pulso entre las necesidades represivas del Estado, respaldado por los grandes poderes económicos [nacionales y transnacionales], y los logros innegables de las distintas formas de movilización popular clamando por que “la seguridad” no continúe siendo un discurso en detrimento de las posibilidades de participación política real de lxs de abajo.
Primer hecho [Jurídico]: Para nadie es un secreto que las decisiones legislativas más importantes se toman de manera apresurada y poco responsable en el capitolio colombiano. La aprobación del primer paquete de medidas del nuevo Código de Policía por la comisión primera del Senado el miércoles pasado no es la excepción a la regla1. Estas reformas abren las puertas a muy agudos mecanismos de represión y persecución de la protesta y de las legítimas manifestaciones de inconformidad popular. Estipulan, por ejemplo, que la policía tiene el derecho de ingresar a un inmueble sin orden escrita por un juez; que se pueden usar pistolas eléctricas, justo como era propuesto hace unos meses por el nada estimado Pacho Santos; también, que es posible utilizar la fuerza bruta cuando la policía considere necesario incurrir en desmanes brutales. Ahora bien, como si los nuevos mecanismos de represión no bastaran para alimentar una vida policial fundamentalmente caracterizada por la brutalidad, las reformas establecen de manera especista que los animales que deambulen desprotegidos por las calles serán sometidos a “sacrificios eutanásicos”.
Segundo hecho [Jurídico]: La Corte Constitucional tumba el mismo miércoles la ley 1734 de 2014, referida al acuerdo firmado entre Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “sobre cooperación y seguridad de información, firmado el 25 de junio de 2013 en Bruselas (Bélgica)”2. A través de este nuevo mecanismo pretendían establecerse flujos de “información clasificada” hacia las distintas instancias de funcionamiento de la OTAN, entidad plenamente subordinada al ímpetu militarista y asesino del gobierno estadounidense. Mediante este tipo de actos, el gobierno colombiano sigue afirmando su histórico plegamiento ante intervenciones norteamericanas contra la soberanía de nuestros territorios. Tal plegamiento ha costado ya, a través de estas 5 largas décadas, las vidas de miles de colombianxs incluidxs en las gordas cifras de eficacia militar con las que el gobierno justifica el gran listado de ayudas bélicas provenientes de los Estados Unidos. La presión en materia de Derechos Humanos logró que la Corte declarase inexequible la ley referida.
Tercer hecho [Jurídico]: La Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional y la Policía Nacional suscriben un protocolo para evitar batidas e irregularidades durante los procesos de reclutamiento militar. Con ello, “se establece una ruta de orientación para definir la situación militar en procesos de incorporación en los que deben primar los derechos humanos”3. El protocolo pretende menguar las irregulares e ilegales formas de reclutamiento en las que incurren de manera corrupta, todo el tiempo, las fuerzas armadas en auspicio de la policía. Se busca, así, clasificar las distintas situaciones en las que un joven puede encontrarse en un [debido] proceso de incorporación; también el establecimiento de canales de comunicación directa entre las autoridades de reclutamiento y la Defensoría del Pueblo; del mismo modo, darle un lugar más claro a los procedimientos de des-incorporación por objeción de conciencia o distintas causales de exención. La iniciativa comporta un avance importante pero aún falta mucho por ganar. En lo real, las formas de operación para fines de incorporación de parte del ejército siguen siendo las del reclutamiento forzado a través de batidas sistemáticas en zonas populares de las más grandes ciudades colombianas. Esto también trae tras de sí un contenido de clase innegable. Cualquier alta comandancia nos diría al respecto: “A quienes reclutamos ilegalmente es a los jóvenes de los estratos más bajos. Nunca verán nuestros camiones en las calles Bogotanas de Cedritos, Los Rosales, El Chicó o El Nogal”.
Este tipo de avances jurídicos en materia de reclutamiento, servicio militar obligatorio y objeción por conciencia hacen parte de los distintos logros que han sido alcanzados por el arduo trabajo de organizaciones sociales que desde las calles y las iniciativas populares han venido exigiendo un cambio radical en la doctrina militar del país. En la actualidad, distintas organizaciones que trabajan el tema del antimilitarismo (entre ellas, Tejuntas), le apuestan como siguiente paso a la construcción de un servicio social para la paz a cambio del servicio militar obligatorio. Más allá de los logros jurídicos, lo que se busca con todo esto es generar un proceso de amplia movilización social con un fuerte contenido político en lo que compete a la construcción de paz con cambios efectivos en la vida de las personas, entre ellxs también lxs jóvenes que sirven como carne de cañón una vez son incorporados [por lo demás, de manera frecuentemente ilegal] a las filas del ejército.
Cuarto hecho [Político]: El secuestro de la hija del director de la Unidad de Protección lanza un claro mensaje de terror clandestino en el marco de un año caracterizado por el recrudecimiento de las amenazas, persecuciones, desapariciones y asesinatos de distintas figuras de voces críticas pertenecientes al movimiento social, a la academia y a distintos lugares de la izquierda. El paramilitarismo sigue siendo real pese a todos los esfuerzos de negación por parte del Gobierno en cuanto a su existencia. De seguro, tales esfuerzos tienen que ver con preocupadas intenciones de ocultar los vínculos orgánicos del paramilitarismo con las fuerzas armadas y los cuerpos de inteligencia oficiales, vínculos arrojados a la luz con todas las evidencias en los 8 años de un mandato justamente paramilitar en cabeza de Álvaro Uribe. Desde el movimiento social colombiano se ha rechazado enfáticamente toda forma de persecución política desde el Estado y el para-Estado, dentro de lo cual debe recordarse que del 25 al 30 de Mayo tuvo lugar la semana por el desaparecido.
Hablar de “la seguridad” en Colombia implica hablar de temas diversos y espinosos. Cuando el Estado habla de “seguridad”, lo hace para referir un gran paraguas de culpabilidad llamado “terrorismo”, bajo el cual cabe, en lo práctico, cualquier forma de protesta que incomode significativamente a los poderosos. Si por el contrario hablamos de “seguridad” como algo conveniente a quienes habitan estos territorios en un sentido mucho más amplio, debemos insistir en que la seguridad no puede seguir siendo un discurso que anule las posibilidades de participación política de la gente. La seguridad debe partir del aseguramiento de una vida digna y de todo rechazo a las formas represivas que anulan las posibilidades reales de participación democrática de las personas. Eso demanda, sin duda alguna, cambios radicales en la doctrina militar colombiana; allí debe trazarse el horizonte de lucha en esta fuerte pugna hacia lo que decimos [o nos dicen] son tiempos de paz en advenimiento.
1. http://www.elespectador.com/noticias/politica/perlas-del-codigo-de-policia-articulo-561431
¿Qué Seguridad?
CILEP.
