En diciembre de 1994 el entonces ministro de defensa del gobierno de Ernesto Samper, Fernando Botero Zea, se encontraba en el atril del evento de lanzamiento del informe anual de la Comisión Andina de Juristas sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Botero, co-protagonista junto con Samper de uno de los  más grandes escándalos de corrupción electoral vinculada al narcotráfico en los sangrientos años que cerraron el siglo pasado en Colombia**, argumentaba sobre las que él creía eran salidas posibles al difícil panorama humanitario en el país y en general al conflicto armado colombiano. Un artículo publicado poco después del evento en el diario de circulación nacional El Tiempo describía de forma particular la situación: “esta vez el auditorio no era de generales activos ni en retiro, ni de sus colegas ministros, ni de ganaderos ávidos de seguridad”*; contrario a ello, el auditorio al cual se enfrentaba Botero Zea era uno integrado por distintos representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. 

 

Lo paradójico fue lo que de manera incisiva y desafiante Botero arriesgó en el centro de su argumentación: una dura defensa a las “cooperativas rurales de seguridad”, posteriormente más conocidas como “Convivir”. Estas estructuras fueron fundamentales para el desarrollo del paramilitarismo en Colombia y, en ese contexto, fueron promovidas, jurídicamente respaldadas y políticamente legitimadas por figuras como el entonces gobernador de Antioquia y luego dos veces presidente Álvaro Uribe Vélez, justo a los ritmos de una cruda sed contra-insurgente de aniquilación de enemigos internos, sed pagada con la sangre de la sociedad civil colombiana. 

 

Botero, tiempo después encarcelado por sus andanzas con el Cartel de Cali y luego puesto en libertad por la impune justicia colombiana, decía entonces que para solucionar un problema de control territorial en medio de la guerra había que armar a la gente en los lugares en donde la débil capacidad del ejército lo demandara. Había que solucionar bajo esa lógica un problema humanitario apelando a algo que la historia terminaría por situar como uno de los más horrendos episodios humanitarios de nuestro pasado reciente, aún hoy vivo en una guerra que quiere desescalar pero que sigue vigente: el Paramilitarismo, sus masacres, sus torturas y sus desapariciones.

 

Pero la defensa de la primera forma de protección legal del paramilitarismo fue, más sorpresivamente aún, no solo cosa de un ministro de defensa sino de un grupo de intelectuales políticos que opinaban con supuesta experticia sobre las virtudes de la seguridad privada. Mediante una misiva dirigida al mismísimo presidente Samper y utilizada por Botero en su intervención, algunos miembros del “Instituto de Ciencia Política” - ICP señalaban como “apenas lógico que el Gobierno, para no perder enteramente su legitimidad de ejercicio del poder como impotente guardián del orden público y la seguridad en enormes áreas rurales del país, brinde a esa población un cauce o estructura legal para la defensa responsabilizada y controlada de esos esenciales derechos humanos”. La carta estaba firmada por varios de esos intelectuales del Statu Quo. Dentro de esas firmas sobresale el brillo de denuncia histórica de una en particular: la de Enrique Peñalosa. 

 

Cuando hablamos de Peñalosa pensamos, para bien o para mal, en algo como una visión de urbanismo en la cual priman sobre cualquier otra cosa grandes bloques de cemento destinados al espacio público. No es gratuito que los poderes económicos situados en las manos de las grandes constructoras de una ciudad que estalla en miles de proyectos inmobiliarios estén de lado del candidato. Bajo la lógica de un espacio público bogotano ordenado en función del cemento podemos pensar que la idea de este espacio público es segregadora y elitista y que en tal sentido el espacio construido termina siendo no tan público. Podemos pensar también que sus intenciones, más que en inversión social y garantías para los sectores más pobres, está en construir mucho y en redistribuir poco. A la par podemos también recordar que su liderazgo en las encuestas está en buena medida determinado por la gigantesca maquinaria política (o mucho mejor, politiquera y corrupta) del vicepresidente Vargas Lleras y de su partido “Cambio Radical”, en donde no hay que olvidar la apuesta de éste último por que Bogotá, en manos de Peñalosa, sea convertida en un trampolín hacia su campaña presidencial en 2018. Sin duda estos son temas esenciales a la hora de revisar críticamente lo que está en juego con la victoria de Enrique Peñalosa. Sin embargo, algo que es igualmente central y que no podemos perder de vista es la propuesta de seguridad del candidato y, a la par, las concepciones políticas que median en tales propósitos. 

 

De hecho, las encuestas más conocidas sobre la carrera electoral por la alcaldía de Bogotá nos muestran un panorama en el cual tenemos en la cabecera de la intención de voto a un amante de la mano dura al mejor estilo de la represiva visión Uribista sobre la seguridad. Basta con echarle un vistazo a sus videos de campaña: Peñalosa, nacido en Washington y no en Colombia e hijo de un poderoso diplomático  (Enrique Peñalosa Camargo) de cargos ministeriales en el gobierno de Lleras Restrepo, se sube al transporte público bogotano para, de manera mal actuada, “untarse de pueblo” y hablar sobre sus días de triunfos en los años en los que fue alcalde, años en los que se invirtió el dinero de la capital en grandes filas de bolardos inútiles, hoy agrietados y estorbosos a lo largo y ancho de la ciudad. Tales años de “gloria” los presenta como la razón fundamental de su lema de campaña, esto es, el de “recuperar a Bogotá”. Pero, ¿recuperarla de qué? Este acto de recuperar tiene un énfasis indiscutible en los micro-discursos del candidato al interior de los buses. Para Peñalosa, debemos recuperar a Bogotá “del desorden y la inseguridad, para que no sean los ciudadanos los que vivan con temor de los delincuentes, sino éstos los que sientan temor de la autoridad”***. 

 

En tal sentido, el problema no radica en una Bogotá desigual y territorialmente dispuesta para la segregación y la marginación de los más pobres. Tampoco tiene que ver directamente con la falta de oportunidades para una población mayoritariamente joven, ni con que a los jóvenes sin oportunidades de los barrios más deprimidos de la ciudad les llegue más rápido la oferta de vida de las grandes redes paramilitares urbanas de tráfico de drogas en vez de la educación y el trabajo. Bien distante de todo ello, para Peñalosa el problema de la seguridad tiene que ver con forajidos malvados y altamente organizados, sin que nadie sepa exactamente de donde vienen ni por qué asechan de manera tan perversa a “la ciudadanía”. En sus propias palabras, refiriéndose a la inseguridad en los buses: “[…] lo que tenemos hoy son bandas de criminales organizados que tienen redes nacionales e internacionales de comercialización de celulares. No es un ciudadano pobre que se levantó con hambre y vino a robar celulares. Hay que hacerle inteligencia de policía como se combate a la guerrilla”. 

 

Pero más que una mención suelta en una pequeña linea de campaña, el tema del orden con puño de hierro y sin demasiadas preguntas por las causas estructurales –sociales, económicas y políticas– del conflicto, es el pilar básico de la propuesta programática de Enrique Peñalosa. No se pueden construir las grandes lápidas de asfalto que éste pretende ejecutar sin seguridad suficiente para que los capitalinos de alcurnia puedan transitar con un mínimo de tranquilidad sobre ellas. No se puede gozar de una movilidad tranquila tampoco si una red de hampones sin tiempo y sin historia anda merodeando las calles. No sin una concepción de seguridad basada fundamentalmente en actos represivos. 

 

Una mano dura y coactiva con el disfraz de un administrador del primer mundo, que anda en bicicleta y habla algunas veces sobre ecología, encarna el exacerbado ímpetu violento y la necesidad de seguridad de una parte de los bogotanos. Habría que ver, aparte del efecto de las enormes clientelas de Vargas Lleras, en qué sectores de Bogotá se sitúan más frecuentemente las pancartas azules con la barba gris y blanca de uno de los firmantes a la misiva presidencial que respaldó en algún momento a las Convivir. Tendríamos que reflexionar por qué esas pancartas están principalmente en los lugares más “prósperos” de la ciudad, justo hacia el norte en donde se ubican los barrios de más altos estratos.

 

Curiosamente Pardo, el candidato de la unidad nacional para estas elecciones, propone la creación de guardias urbanas que estén en capacidad de repeler la criminalidad en todo momento. Definitivamente el tema de la seguridad es tan complicado como puede ofrecerlo la capital de un país en guerra, receptora de millones de desplazados, una concentración urbana de nueve millones de personas, de las cuales el 84% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 (clases bajas y medias bajas). La cuestión de cómo disponer de la fuerza pública es algo ineludible para los tres proyectos de gobierno que tienen hoy posibilidad de acceder a la alcaldía, incluido el la izquierda en representación de Clara López. El punto está en el lugar que ocupa la conciencia (traducida en acciones programáticas especificas) de que las causas estructurales de la inseguridad no están en la maldad inmaterial de enemigos surgidos de la nada sino en consideraciones históricas sobre la forma en que se ha organizado nuestra economía, nuestra política y nuestra cultura. Peñalosa, el fantasma de las Convivir, un pequeño Álvaro Uribe de alcurnia, no le asigna ningún lugar a esa conciencia. Lo que Bogotá necesita es un gobierno social. Clara López y la izquierda son quienes más cerca están de tal idea. 

 

 

 

 

 

 

Referencias:

 

* El tiempo: “O cooperativas o paramilitares”. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-260643

** Nos referimos al llamado “proceso 8000”, referido al episodio de financiación de la campaña presidencial del entonces electo Ernesto Samper por parte del Cartel de Cali, una de las organizaciones fundamentales para la dinámica del narcotráfico en esos años. 

*** http://enriquepenalosa.com/nuestro_plan/seguridad/